Buenos Aires, 4 de febrero de 2026 – Total News Agency-TNA-Un hecho de alto impacto institucional sacudió este martes el centro político del país cuando un cabo de la Policía Federal Argentina, que presta servicios en la Superintendencia de Seguridad en Medios de Transporte, se esposó a la reja de la Casa Rosada como forma de protesta extrema.
Según pudo reconstruir Total News Agency, el episodio es la consecuencia directa de años de denuncias internas ignoradas, documentadas en una extensa carta elevada oportunamente a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a la cúpula de la fuerza, sin que se hayan adoptado medidas correctivas.
El gesto extremo del suboficial esposado frente a la sede del Poder Ejecutivo buscó, según explicaron sus compañeros, "romper el silencio" y llamar la atención de las autoridades nacionales.
La manifestación no fue un acto aislado ni improvisado. En paralelo, grupos de efectivos activos y retirados se concentraron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar reclamos que, aseguran, vienen arrastrándose desde la gestión de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad y que, lejos de resolverse, se agravaron en el último año.
Los manifestantes denunciaron que los ingresos no acompañan el costo de vida, que los insumos básicos para el servicio cotidiano son insuficientes y que la obra social policial presenta demoras, recortes de prestaciones y dificultades para acceder a tratamientos médicos de complejidad.
En este contexto, el gesto del cabo esposado frente a la Casa Rosada aparece como el punto límite de una cadena de denuncias desoídas, agravadas por salarios bajos, equipamiento vencido y una sensación de desamparo institucional.
La situación de la obra social policial aparece como otro eje crítico. También se denuncia atrasos en reintegros, dificultades para acceder a turnos médicos y reducción de convenios con clínicas y especialistas.
La brecha entre la cúpula y la base de la pirámide salarial es uno de los puntos más cuestionados por los efectivos. El listado oficial de haberes muestra que un comisario general percibe $ 2.955.560,26, mientras que un cabo cobra poco menos de un millón de pesos, cifras que, según los manifestantes, resultan insuficientes frente al aumento sostenido de alquileres, transporte y alimentos.
A la cuestión salarial se suma la falta de equipamiento. Fuentes consultadas describieron móviles fuera de servicio, chalecos antibalas vencidos o en mal estado y escasez de munición para entrenamiento.
"Se nos exige profesionalismo y presencia en la calle, pero muchas veces trabajamos con recursos mínimos", afirmó un suboficial retirado que acompañó la protesta.
El texto describe además un clima interno degradado, con fiestas dentro de dependencias policiales, ingestión de alcohol, abandono de puestos, y situaciones de extrema gravedad como el descuido de calabozos con detenidos, e incluso la presunta salida de presos de las celdas para participar de reuniones informales, siempre bajo el conocimiento de los superiores.
El clima de temor interno es un eje central del escrito. "Estas cosas nadie las dice por miedo a las represalias, malos tratos y cualquier tipo de consecuencia que pueda llegar a tener el hacer un comentario referente a esto y todo lo ya mencionado".
Hasta el cierre de este cable, no hubo pronunciamientos oficiales del Ministerio de Seguridad ni de la Policía Federal Argentina, ni anuncios sobre sumarios, auditorías o investigaciones judiciales derivadas de los hechos denunciados.
